
Asesoramiento legal por despido improcedente
Publicado el 06 de junio de 2025
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¿Qué es el despido improcedente?
El despido improcedente es una figura legal del ámbito laboral que se produce cuando un empleador extingue la relación contractual con un trabajador sin causa justificada o sin seguir el procedimiento legalmente establecido. En otras palabras, se considera improcedente aquel despido que no puede ser acreditado con pruebas válidas o que no cumple los requisitos formales exigidos por la normativa laboral vigente en España.
Según el Estatuto de los Trabajadores, cuando un juez declara un despido como improcedente, la empresa tiene dos opciones: readmitir al trabajador en su puesto o abonarle una indemnización. Este tipo de despido suele ser frecuente cuando la empresa intenta prescindir de un empleado sin motivo real, o cuando, aún existiendo motivos, no se han respetado los trámites legales obligatorios como la entrega de una carta de despido debidamente fundamentada o la concesión del plazo de preaviso correspondiente.
Un despido improcedente no debe confundirse con el despido nulo o disciplinario. Mientras que el despido nulo implica una vulneración de derechos fundamentales y obliga a la readmisión obligatoria del trabajador, el improcedente está relacionado con una incorrecta aplicación de la normativa laboral, aunque sin vulnerar derechos fundamentales.
Identificar correctamente un despido improcedente es clave para poder reclamar los derechos correspondientes, especialmente en lo que respecta a la indemnización. La legislación española contempla que la indemnización por despido improcedente asciende, por norma general, a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades. No obstante, para contratos firmados antes del 12 de febrero de 2012, se aplican reglas transitorias que pueden variar este cálculo.
A continuación, se detallan algunas causas frecuentes que suelen derivar en la declaración de improcedencia por parte de los tribunales:
- Despidos sin justificación objetiva documentada.
- Incumplimiento de los plazos legales de preaviso.
- Errores de forma en la carta de despido.
- Despidos basados en hechos falsos o no demostrables.
En definitiva, el despido improcedente representa una garantía jurídica para proteger al trabajador frente a decisiones arbitrarias del empleador. Contar con asesoramiento legal especializado es fundamental para valorar si un despido puede considerarse improcedente, así como para emprender acciones legales que aseguren el resarcimiento económico o la reincorporación al puesto de trabajo cuando corresponda.
Derechos del trabajador despedido
Cuando un trabajador es despedido, ya sea de manera procedente, improcedente o nula, la legislación laboral española garantiza una serie de derechos fundamentales que protegen su situación jurídica y económica. Estos derechos buscan asegurar que el proceso de extinción del contrato se lleve a cabo con transparencia, legalidad y equidad, evitando abusos por parte del empleador.
En primer lugar, todo trabajador tiene derecho a recibir una notificación formal del despido, por medio de una carta que detalle los motivos y la fecha de efectividad. Además, debe respetarse un plazo de preaviso mínimo de 15 días en ciertos tipos de despido, salvo en los disciplinarios, donde el cese puede ser inmediato.
Es fundamental conocer que si el despido se considera improcedente o nulo, el trabajador puede solicitar su readmisión o una indemnización, y, en casos de nulidad, dicha readmisión es obligatoria junto al abono de los salarios dejados de percibir.
Estos son algunos de los derechos más relevantes que amparan al trabajador en caso de despido:
- Derecho a indemnización: En función del tipo de despido, el trabajador puede recibir una compensación económica. En los despidos improcedentes, esta suele ser de 33 días por año trabajado.
- Derecho a finiquito: Incluye la parte proporcional de las pagas extra, vacaciones no disfrutadas y otros conceptos pendientes.
- Derecho a solicitar el paro (prestación por desempleo): Siempre que se cumplan los requisitos de cotización, el trabajador despedido puede acceder a la prestación por desempleo.
- Derecho a impugnar el despido: Dispone de un plazo de 20 días hábiles para presentar una demanda ante el Juzgado de lo Social.
- Derecho a solicitar copia del expediente y documentación relacionada: Fundamental para analizar la legalidad del despido.
En algunos casos especiales, como los despidos durante una baja médica o de personas con reducción de jornada por conciliación familiar, puede considerarse nulo si se demuestra vulneración de derechos fundamentales. Asimismo, los trabajadores despedidos tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico y representación durante cualquier proceso de reclamación.
En conclusión, conocer los derechos del trabajador despedido es clave para defender su posición ante un cese injusto o mal ejecutado. Contar con un abogado laboralista especializado puede marcar la diferencia a la hora de reclamar indemnizaciones justas y asegurar el respeto del marco legal vigente.
Cómo actuar ante un despido improcedente
Recibir una carta de despido sin justificación válida o sin el cumplimiento de los procedimientos legales puede generar confusión y preocupación. Sin embargo, es fundamental actuar con rapidez y conocimiento para proteger tus derechos. En caso de considerar que has sido víctima de un despido improcedente, seguir una serie de pasos bien definidos te permitirá reclamar con garantías ante los tribunales y obtener la indemnización o la reincorporación correspondiente.
Lo primero es conservar toda la documentación entregada por la empresa: carta de despido, nóminas recientes, contrato de trabajo y cualquier otro documento que pueda servir como prueba. Esta información será clave para demostrar la falta de justificación del despido y preparar una estrategia legal adecuada.
Recuerda que el plazo para impugnar un despido improcedente es de tan solo 20 días hábiles desde la fecha efectiva del despido. No actuar dentro de este plazo puede suponer la pérdida del derecho a reclamar.
A continuación, se detallan los pasos recomendados para actuar correctamente ante un despido que se considere improcedente:
- Solicitar asesoramiento legal de un abogado laboralista lo antes posible.
- Revisar en detalle la carta de despido para detectar irregularidades.
- Reunir pruebas como correos electrónicos, mensajes, testigos o documentos que refuercen tu versión de los hechos.
- Presentar una papeleta de conciliación ante el SMAC (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación) como paso previo obligatorio.
- Si no se alcanza un acuerdo en la conciliación, interponer demanda judicial en el Juzgado de lo Social.
Durante el proceso de conciliación, el trabajador puede llegar a un acuerdo con la empresa, que habitualmente incluye una indemnización económica. En caso de no haber acuerdo, será un juez quien determine si el despido fue improcedente y, por tanto, si el trabajador debe ser indemnizado o readmitido.
Por último, es recomendable mantenerse sereno y actuar con la máxima profesionalidad. Documentar todo y no firmar nada bajo presión es esencial. Una mala gestión en los primeros días tras el despido puede complicar el proceso legal posterior. Contar con el respaldo de un profesional especializado incrementa considerablemente las posibilidades de obtener un resultado favorable.
Indemnización por despido improcedente
La indemnización por despido improcedente es una de las compensaciones económicas más relevantes que puede recibir un trabajador cuando la extinción de su contrato no cumple con los requisitos legales o carece de una causa justificada. En estos casos, si la empresa opta por no readmitir al trabajador, deberá abonarle una cantidad de dinero calculada conforme a los criterios establecidos en el Estatuto de los Trabajadores.
El importe de esta indemnización varía en función de la fecha de inicio del contrato, el tiempo trabajado y el salario bruto anual del empleado. Desde la reforma laboral de 2012, la cuantía general establecida para contratos posteriores a esa fecha es de 33 días de salario por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades. Para contratos anteriores, se aplica una fórmula mixta que contempla también los 45 días por año trabajado hasta el 12 de febrero de 2012.
La base para calcular la indemnización es el salario diario del trabajador, incluyendo todos los conceptos fijos y habituales, como pagas extra prorrateadas, complementos y pluses habituales.
Para comprender mejor cómo se determina la cuantía a percibir, se puede dividir el proceso de cálculo en los siguientes pasos:
- Determinar el salario diario, incluyendo pagas extras y complementos.
- Calcular los días de indemnización por año trabajado (33 o 45 días, según corresponda).
- Aplicar el tope máximo legal de mensualidades según la normativa vigente.
- Sumar las indemnizaciones correspondientes a los períodos anteriores y posteriores a febrero de 2012 si el contrato es anterior.
Es importante destacar que esta indemnización debe ser ofrecida y abonada por la empresa al momento de formalizar el despido o tras la sentencia judicial que lo declare improcedente. En caso contrario, el trabajador puede reclamarla legalmente, e incluso exigir intereses por demora si no se satisface en plazo.
En resumen, la indemnización por despido improcedente constituye una herramienta de protección económica para el trabajador ante decisiones arbitrarias. Contar con el respaldo de un abogado laboralista permite verificar que el cálculo se ha realizado correctamente y, si procede, reclamar ante los tribunales para garantizar una compensación justa.
Plazos legales para reclamar
Reclamar frente a un despido improcedente debe hacerse dentro de unos plazos muy estrictos. Estos tiempos están regulados por la legislación laboral española y son de vital importancia, ya que superarlos puede suponer la pérdida definitiva del derecho a impugnar el despido. Por ello, es fundamental actuar con rapidez y conocer con claridad cuáles son los pasos y los límites temporales establecidos por la ley.
El plazo general para reclamar un despido improcedente es de 20 días hábiles desde la fecha de efecto del despido. En este contexto, los días hábiles excluyen sábados, domingos y festivos, por lo que es esencial contar con el calendario laboral oficial para realizar un cómputo preciso.
Es importante señalar que este plazo no se puede interrumpir ni suspender, salvo por la presentación de la papeleta de conciliación ante el SMAC, que congela el cómputo del plazo hasta que se celebre el acto de conciliación o transcurra el tiempo legalmente previsto.
A continuación, se detallan los plazos clave que el trabajador debe tener en cuenta si desea reclamar un despido:
- 20 días hábiles: para presentar la papeleta de conciliación laboral ante el SMAC.
- 15 días hábiles: para recurrir resoluciones administrativas o judiciales relacionadas con el despido.
- 30 días naturales: para solicitar prestaciones por desempleo tras el despido.
Además, es recomendable no esperar hasta el último momento para iniciar el procedimiento, ya que cualquier error de cálculo o imprevisto (como festivos locales o problemas de notificación) puede jugar en contra. Un abogado laboralista puede ayudar a verificar los plazos concretos según el calendario oficial del año y evitar la pérdida del derecho a reclamar.
En definitiva, conocer y respetar los plazos legales para reclamar un despido es tan importante como tener fundamentos sólidos para impugnarlo. Actuar de forma diligente y contar con apoyo profesional aumentará significativamente las posibilidades de éxito en cualquier procedimiento laboral.
Documentación necesaria para la reclamación
Para iniciar un proceso de reclamación por despido improcedente, es imprescindible contar con una serie de documentos que respalden los hechos y permitan construir una defensa sólida. La falta de documentación o su presentación incompleta puede dificultar el análisis del caso y, en muchos casos, afectar negativamente a la resolución del conflicto. Por ello, es esencial recopilar toda la información relacionada con la relación laboral y el despido desde el primer momento.
Esta documentación será clave tanto para la fase de conciliación administrativa como para una eventual demanda ante el Juzgado de lo Social. Un abogado laboralista necesitará revisar estos documentos para determinar la viabilidad de la reclamación y diseñar la mejor estrategia legal posible.
- Carta de despido: documento esencial que debe incluir los motivos del despido y su fecha de efecto.
- Contrato de trabajo: permite verificar las condiciones pactadas, la antigüedad y la categoría profesional.
- Nóminas recientes: acreditan el salario base y complementos, fundamentales para calcular la indemnización.
- Finiquito: justifica los pagos finales efectuados por la empresa, como vacaciones no disfrutadas o pagas extras.
- Vida laboral: documento oficial que muestra el historial de cotizaciones y fechas de alta y baja.
- Comunicaciones internas: correos electrónicos, mensajes o cualquier prueba que evidencie irregularidades.
- Justificantes de baja médica o permisos: útiles en casos donde el despido pueda estar vinculado a represalias.
Toda esta documentación debe conservarse en buen estado, preferiblemente en formato digital y físico, para facilitar su acceso en cualquier momento del procedimiento. En caso de pérdida de algún documento, se puede solicitar una copia a la empresa o recurrir a organismos como la Seguridad Social o el SEPE.
Es recomendable iniciar la recopilación de la documentación desde el momento en que se notifica el despido. Cuanto antes se disponga de todos los elementos necesarios, mayor será la capacidad de reacción y mejor preparado estará el trabajador para afrontar el proceso de reclamación. Un abogado especializado sabrá interpretar esta información y aprovecharla a favor del trabajador para obtener una resolución favorable.
Proceso legal y mediación laboral
Cuando un trabajador considera que ha sido despedido de forma improcedente, el camino hacia la reclamación comienza con un proceso legal que incluye una fase previa de mediación obligatoria. Esta etapa es fundamental tanto para intentar resolver el conflicto sin necesidad de juicio como para cumplir con los requisitos procesales que exige la ley. Conocer las fases del procedimiento facilita una respuesta rápida y eficiente ante el despido.
La primera acción que debe llevarse a cabo es la presentación de la papeleta de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) correspondiente. Este documento debe incluir los datos del trabajador y de la empresa, los hechos que motivan la reclamación y la pretensión concreta, como la readmisión o la indemnización.
La presentación de la papeleta suspende el cómputo del plazo legal de 20 días hábiles para reclamar el despido, pero es imprescindible no demorar su redacción ni presentación, ya que una conciliación mal gestionada puede perjudicar la estrategia legal posterior.
Una vez admitida la papeleta, el SMAC cita a ambas partes a un acto de conciliación. Este encuentro tiene como objetivo alcanzar un acuerdo amistoso sin necesidad de acudir a juicio. Las posibles salidas de esta mediación son:
- Acuerdo total: la empresa y el trabajador pactan una solución, normalmente una indemnización.
- Acuerdo parcial: se resuelven solo algunas de las pretensiones.
- Sin acuerdo: no se alcanza consenso, y el trabajador puede interponer demanda judicial.
Si no se llega a un acuerdo en el SMAC, el trabajador tiene derecho a presentar una demanda ante el Juzgado de lo Social. Esta demanda deberá ir acompañada de toda la documentación relacionada con el caso y describir detalladamente los hechos del despido. El proceso judicial culminará con una sentencia en la que el juez determinará si el despido fue procedente, improcedente o nulo, y dictará la indemnización o readmisión correspondiente.
En conclusión, tanto la mediación como el proceso judicial son etapas clave para la defensa de los derechos laborales. Contar con un abogado especialista es determinante para gestionar correctamente los plazos, la documentación y las estrategias de negociación, aumentando así las posibilidades de lograr un resultado favorable para el trabajador.
Ventajas de contar con un abogado laboralista
En situaciones de despido improcedente, contar con el respaldo de un abogado laboralista especializado no solo aporta seguridad jurídica, sino que también incrementa notablemente las posibilidades de éxito en una reclamación. Estos profesionales conocen al detalle la legislación laboral, los procedimientos y las estrategias más eficaces para proteger los derechos del trabajador y maximizar la compensación económica o lograr la readmisión.
La complejidad de los procesos laborales, junto con los plazos ajustados y la necesidad de una documentación sólida, hacen que la intervención de un abogado sea altamente recomendable. No se trata únicamente de presentar una demanda, sino de saber cuándo y cómo actuar en cada etapa del procedimiento, desde la conciliación hasta el juicio, si es necesario.
- Asesoramiento personalizado: el abogado analiza el caso en detalle y ofrece soluciones ajustadas a cada situación concreta.
- Conocimiento de jurisprudencia: su experiencia les permite apoyarse en sentencias previas que refuercen la reclamación.
- Redacción y presentación de documentos: gestionan papeletas de conciliación, demandas y escritos con precisión técnica.
- Negociación con la empresa: actúan como mediadores para alcanzar acuerdos favorables antes del juicio.
- Defensa eficaz en sede judicial: si el caso llega a juicio, el abogado representa al trabajador con argumentos sólidos y pruebas bien presentadas.
Un abogado laboralista no solo ofrece conocimientos técnicos, sino también tranquilidad emocional en un momento de incertidumbre. Su acompañamiento permite que el trabajador se sienta respaldado y seguro en cada paso del proceso.
Además, muchos profesionales ofrecen la posibilidad de trabajar a éxito, es decir, percibiendo honorarios únicamente si el caso prospera, lo que reduce la barrera económica de acceso a la justicia. En definitiva, la asistencia de un abogado laboralista representa una inversión en derechos, justicia y protección ante decisiones empresariales injustas o irregulares.
Errores comunes en las reclamaciones
Iniciar una reclamación por despido improcedente requiere atención a los detalles y conocimiento de los procedimientos legales. Sin embargo, es frecuente que los trabajadores cometan errores que comprometen sus posibilidades de obtener una resolución favorable. Evitar estas equivocaciones es clave para que la reclamación prospere y se reconozcan los derechos del afectado.
Muchas de estas fallas derivan del desconocimiento del proceso o de actuar con precipitación, sin el asesoramiento adecuado. A continuación, se enumeran los errores más habituales que pueden tener consecuencias negativas a lo largo del procedimiento:
- No respetar los plazos legales: olvidar que solo hay 20 días hábiles para iniciar la reclamación puede hacer que se pierda el derecho a impugnar el despido.
- Firmar el finiquito sin leer o sin poner "no conforme": esto puede interpretarse como una aceptación tácita del despido.
- No presentar la papeleta de conciliación: omitir este paso impide acudir al juzgado, ya que es obligatorio.
- Falta de pruebas documentales: no conservar la carta de despido, nóminas o contrato dificulta la defensa legal.
- Redactar la demanda sin asesoría profesional: un escrito mal formulado puede ser inadmitido o carecer de fuerza legal.
- No acudir a la cita del SMAC: la incomparecencia puede generar perjuicios o archivar el procedimiento.
Uno de los errores más graves es actuar con confianza excesiva o basarse únicamente en consejos informales. Cada caso es diferente y lo que funcionó para otra persona puede no aplicarse a tu situación particular.
Para evitar estos fallos, lo ideal es consultar a un abogado laboralista desde el primer momento. Este profesional te ayudará a identificar riesgos, preparar correctamente la documentación y diseñar una estrategia efectiva. Recordemos que, en materia laboral, los pequeños detalles marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso de una reclamación.
Preguntas Frecuentes
A continuación, resolvemos algunas de las dudas más habituales que tienen los trabajadores cuando se enfrentan a un despido improcedente. Estas respuestas están orientadas a proporcionar una primera orientación, aunque siempre es recomendable contar con asesoramiento profesional para valorar cada caso en particular.
¿Qué diferencia hay entre un despido improcedente y uno nulo?
Un despido improcedente se produce cuando no hay una causa legal justificada o no se ha cumplido el procedimiento. En cambio, un despido nulo implica una vulneración de derechos fundamentales, como el despido de una trabajadora embarazada o de un empleado en situación de baja médica, y conlleva la readmisión obligatoria y el pago de los salarios dejados de percibir.
¿Puedo cobrar el paro si impugno el despido?
Sí. Aunque hayas impugnado el despido, puedes solicitar la prestación por desempleo siempre que cumplas con los requisitos de cotización. El inicio del proceso de reclamación no impide el acceso al paro.
¿Qué pasa si firmé el finiquito?
Firmar el finiquito no impide reclamar el despido, especialmente si se firma con la indicación "no conforme". Este detalle es clave para dejar constancia de que no se está de acuerdo con las condiciones del despido.
¿Cuánto tarda una sentencia por despido improcedente?
El plazo puede variar en función del juzgado y la carga de trabajo, pero en general puede tardar entre 6 meses y un año. No obstante, si hay acuerdo en la fase de conciliación previa, el asunto puede resolverse en semanas.
¿Es obligatorio acudir al SMAC antes de ir al juzgado?
Sí. La presentación de la papeleta de conciliación es un requisito obligatorio antes de iniciar un procedimiento judicial por despido. Si no se realiza este paso, el juzgado inadmitirá la demanda.
Estas preguntas frecuentes son solo una guía inicial. Cada despido tiene sus particularidades, por lo que es fundamental consultar con un abogado laboralista para recibir un análisis personalizado y tomar las decisiones adecuadas en tiempo y forma.