Cómo redactar un contrato de alquiler correctamente

Cómo redactar un contrato de alquiler correctamente

Publicado el 10 de junio de 2025


📖 Tiempo estimado de lectura: 21 min

Introducción

Redactar correctamente un contrato de alquiler es una de las acciones más importantes para garantizar una relación justa y transparente entre propietario e inquilino. Un documento bien estructurado no solo define claramente los derechos y obligaciones de ambas partes, sino que también sirve como una herramienta legal en caso de desacuerdos o conflictos. Sin embargo, muchos contratos se redactan sin la asesoría adecuada, lo que puede derivar en cláusulas ambiguas, abusivas o incluso inválidas legalmente.

Este artículo está diseñado para proporcionar una guía práctica y completa sobre cómo redactar un contrato de arrendamiento que cumpla con la legislación vigente, proteja los intereses de las partes implicadas y evite los errores más comunes. Desde la documentación que se debe preparar hasta las cláusulas esenciales que no pueden faltar, exploraremos cada aspecto clave para crear un contrato robusto y legalmente válido.

El contrato de alquiler es más que un simple acuerdo: es un instrumento jurídico que regula uno de los aspectos más esenciales de la vida cotidiana, como es la vivienda. Por ello, conviene entender que la redacción no debe improvisarse ni limitarse a copiar modelos genéricos sin adaptarlos a cada caso particular.

Un contrato mal redactado puede dejar vacíos legales que resulten en disputas, pérdidas económicas o procesos judiciales. Incluir términos claros y específicos evita interpretaciones ambiguas y brinda mayor seguridad jurídica.

A lo largo de esta guía, abordaremos temas como la duración del contrato, las condiciones de renovación, la regulación de la fianza, las garantías adicionales, las obligaciones de mantenimiento y los derechos de uso de la vivienda. Además, incluiremos ejemplos prácticos, recomendaciones profesionales y una sección de preguntas frecuentes para resolver las dudas más comunes de propietarios e inquilinos.

Ya sea que estés alquilando una propiedad por primera vez o que tengas experiencia previa en el sector inmobiliario, este artículo te proporcionará los conocimientos esenciales para redactar un contrato de alquiler correctamente y con confianza.

Importancia del contrato de alquiler

El contrato de alquiler es un pilar fundamental en cualquier operación de arrendamiento de vivienda o local. Su importancia radica en que establece un marco legal claro, vinculante y mutuamente acordado por las partes. Gracias a este documento, tanto el arrendador como el arrendatario conocen y aceptan de antemano sus derechos, deberes y limitaciones. En ausencia de un contrato formal, cualquier desacuerdo puede derivar en complicaciones legales, interpretaciones subjetivas y una gran inseguridad jurídica.

Este tipo de contrato no solo regula cuestiones económicas como la renta mensual, los plazos de pago o la duración del arrendamiento, sino que también aborda aspectos fundamentales como el uso adecuado del inmueble, el mantenimiento, las reparaciones, la posibilidad de subarriendo, y las causas de rescisión anticipada. Por tanto, actúa como escudo preventivo ante posibles conflictos entre las partes involucradas.

Un contrato bien elaborado ofrece protección legal, evita malentendidos y proporciona tranquilidad tanto al propietario como al inquilino. Además, en caso de disputa, servirá como prueba documental ante tribunales o autoridades administrativas.

Desde una perspectiva legal, el contrato de arrendamiento es obligatorio si se desea registrar el acuerdo o acceder a determinadas ayudas públicas. Por otro lado, es esencial para formalizar deducciones fiscales o justificar ingresos ante la administración. Esto convierte al contrato no solo en un instrumento útil, sino también en un requisito práctico para numerosas gestiones administrativas.

Entre las principales ventajas de firmar un contrato de alquiler destacan:

  • Definición clara de condiciones de pago y duración del contrato.
  • Regulación del uso del inmueble y prohibiciones específicas.
  • Protección frente a impagos, daños o usos indebidos.
  • Establecimiento de mecanismos de rescisión o renovación.
  • Referencia legal ante autoridades o procesos judiciales.

En resumen, un contrato de alquiler no es un simple trámite burocrático, sino una herramienta estratégica que garantiza la estabilidad y la confianza en el proceso de arrendamiento. Ignorar su importancia o recurrir a modelos genéricos sin adaptarlos a cada caso puede conllevar riesgos innecesarios y consecuencias graves para cualquiera de las partes.

Documentación necesaria

Para formalizar correctamente un contrato de alquiler, es indispensable recopilar una serie de documentos que respalden la identidad de las partes, la titularidad del inmueble y la solvencia económica del arrendatario. Estos documentos no solo ofrecen garantías legales, sino que también permiten verificar la fiabilidad del acuerdo antes de su firma. Contar con toda la documentación necesaria minimiza riesgos, agiliza el proceso y evita posibles inconvenientes a corto o largo plazo.

A continuación se detallan los principales documentos que tanto el propietario como el inquilino deben preparar antes de firmar el contrato:

  • DNI o NIE de ambas partes: imprescindible para acreditar identidad y capacidad legal.
  • Escritura de propiedad o nota simple registral: utilizada por el arrendador para demostrar que es el legítimo propietario del inmueble.
  • Últimos recibos de suministros (agua, luz, gas): ayudan a verificar que el piso está al corriente de pagos.
  • Justificante de ingresos del inquilino (nóminas, contrato laboral, declaración de la renta): fundamental para evaluar su solvencia económica.
  • Recibos de alquiler anteriores: si procede, sirve para demostrar historial de cumplimiento.
  • Certificado de eficiencia energética: obligatorio en España para todas las viviendas en alquiler.

La ausencia de alguno de estos documentos puede provocar retrasos en la firma, pérdida de confianza entre las partes o, en casos extremos, nulidad o impugnación del contrato. Por ello, se recomienda reunir todos los papeles antes de iniciar cualquier negociación.

En caso de que el inquilino sea autónomo o empresa, será necesario presentar documentación adicional, como el modelo 130 o 303 de Hacienda, escrituras de constitución, CIF o certificado de alta en el IAE. Asimismo, si el inmueble está gestionado por una agencia inmobiliaria, esta puede requerir otros documentos complementarios para completar la operación conforme a la normativa vigente.

Preparar con antelación la documentación adecuada no solo mejora la experiencia del proceso de alquiler, sino que también transmite seriedad, transparencia y compromiso por parte de todos los implicados.

Cláusulas esenciales

Un contrato de alquiler bien redactado debe incluir una serie de cláusulas esenciales que regulen con claridad las condiciones del arrendamiento y eviten ambigüedades futuras. Estas cláusulas constituyen la estructura legal del acuerdo y definen aspectos fundamentales como la duración, la renta, los derechos y deberes de cada parte, entre otros. Omitir o redactar de forma imprecisa alguna de estas cláusulas puede generar inseguridad jurídica y ser fuente de conflictos posteriores.

A continuación, se enumeran las cláusulas más importantes que debe contener cualquier contrato de alquiler bien estructurado:

  • Identificación de las partes: nombres completos, DNI/NIE y domicilios del arrendador y arrendatario.
  • Descripción del inmueble: dirección exacta, referencia catastral y estado de conservación.
  • Duración del contrato: inicio, vencimiento, prórrogas automáticas y condiciones de renovación.
  • Precio y forma de pago: importe mensual de la renta, fecha de pago, método y posibles actualizaciones.
  • Fianza y garantías adicionales: importe, forma de depósito y condiciones de devolución.
  • Gastos y suministros: especificar qué gastos son asumidos por cada parte (IBI, comunidad, agua, luz, gas, etc.).
  • Uso del inmueble: finalidad del uso (vivienda habitual, local comercial, etc.) y prohibiciones (subarriendo, reformas sin autorización).
  • Mantenimiento y reparaciones: obligaciones respecto al cuidado del inmueble y quién se encarga de las reparaciones.
  • Resolución anticipada: condiciones y plazos para finalizar el contrato antes de su vencimiento.

Incluir todas estas cláusulas no solo garantiza un acuerdo claro y transparente, sino que también permite que, en caso de conflicto, las partes cuenten con un respaldo legal sólido basado en lo pactado por escrito.

Además, en situaciones particulares, pueden añadirse cláusulas específicas como la obligación de contratar un seguro de hogar, condiciones para tener mascotas, penalizaciones por impago, o la obligación del inquilino de devolver la vivienda con limpieza profesional. Estas cláusulas adicionales deben estar redactadas con precisión y siempre respetar lo dispuesto por la legislación vigente para evitar que sean consideradas abusivas o nulas.

En definitiva, cuidar la redacción de las cláusulas esenciales es clave para construir un contrato de alquiler robusto, justo y funcional. Es recomendable recurrir a modelos adaptados a la normativa actual o consultar a un profesional para asegurar su validez legal.

Duración y renovación del contrato

La duración de un contrato de alquiler es uno de los elementos más importantes a tener en cuenta a la hora de formalizar un arrendamiento. Según la legislación vigente en España, los contratos de vivienda habitual deben tener una duración mínima de cinco años si el arrendador es una persona física, y de siete años si es una persona jurídica. No obstante, las partes pueden pactar inicialmente una duración inferior, pero el inquilino tendrá derecho a prórrogas anuales hasta alcanzar esos plazos mínimos.

Este periodo mínimo de duración proporciona estabilidad al inquilino y permite al propietario contar con una previsión razonable de ocupación. Es fundamental dejar claro en el contrato la fecha de inicio del alquiler y la duración pactada, así como las condiciones en las que se podrá renovar o rescindir el acuerdo.

La renovación del contrato puede ser automática si ninguna de las partes manifiesta su voluntad de no continuar con el arrendamiento. Para ello, el arrendador debe notificar su intención de no renovar con al menos cuatro meses de antelación, y el inquilino con al menos dos meses, antes de la fecha de vencimiento.

Una vez superado el periodo mínimo legal, el contrato puede prorrogarse tácitamente por plazos anuales, hasta un máximo de tres años adicionales, salvo que una de las partes manifieste lo contrario. Este sistema de prórrogas permite una transición fluida y evita desalojos forzados por simples vencimientos de contrato.

Para mayor claridad, es recomendable que el contrato incluya una cláusula específica sobre la duración, renovaciones y los plazos de preaviso. También puede contemplarse la posibilidad de revisar las condiciones del contrato en cada renovación, como la actualización de la renta o la revisión del estado del inmueble.

  • Duración inicial mínima de 5 o 7 años según el tipo de arrendador.
  • Prórrogas anuales automáticas hasta cumplir el mínimo legal.
  • Prórroga tácita posterior por un máximo de tres años adicionales.
  • Preaviso obligatorio: 4 meses para el arrendador, 2 meses para el inquilino.

Establecer claramente estos aspectos evita confusiones y garantiza que ambas partes sepan con antelación qué esperar al término del contrato. La duración y su renovación son, por tanto, elementos clave que deben ser tratados con especial cuidado en la redacción del documento.

Fianza y garantías

La fianza y las garantías adicionales son elementos clave en un contrato de alquiler, ya que proporcionan seguridad económica al arrendador frente a posibles incumplimientos del inquilino. Están reguladas por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y deben figurar de manera clara y detallada en el contrato. Su correcta inclusión no solo protege los intereses del propietario, sino que también evita malentendidos y disputas posteriores.

Según la ley española, en el alquiler de viviendas es obligatorio exigir una fianza equivalente a una mensualidad de renta. Esta debe ser entregada en el momento de la firma del contrato y depositada por el arrendador en el organismo autonómico correspondiente. La fianza sirve para cubrir daños en el inmueble, impagos de renta o facturas pendientes una vez finalizado el contrato.

Además de la fianza legal, es habitual que el arrendador solicite garantías adicionales para aumentar su nivel de protección, especialmente en casos de inquilinos sin historial de alquiler o con ingresos inestables. Estas garantías pueden adoptar distintas formas:

  • Depósitos adicionales: cantidades extra en efectivo que complementan la fianza legal.
  • Aval bancario: compromiso emitido por una entidad financiera que responde por el inquilino en caso de impago.
  • Seguro de impago de alquiler: póliza contratada por el arrendador para cubrir rentas impagadas.
  • Fiador solidario: persona que se compromete legalmente a responder con su patrimonio si el arrendatario no cumple.

Es importante recordar que, si bien el arrendador puede solicitar garantías adicionales, estas deben ser razonables y proporcionadas, ya que un exceso podría considerarse abusivo y ser impugnado legalmente.

Al finalizar el contrato, si no existen daños en la vivienda ni deudas pendientes, la fianza debe devolverse íntegramente al inquilino en un plazo máximo de un mes. Cualquier deducción debe estar debidamente justificada y documentada. Para evitar problemas, es recomendable realizar un inventario detallado al inicio del contrato, incluyendo fotografías y firma de ambas partes.

En resumen, la fianza y las garantías adicionales son herramientas fundamentales para equilibrar la relación contractual y proporcionar confianza entre propietario e inquilino. Su correcta regulación en el contrato es clave para prevenir conflictos y garantizar una experiencia de arrendamiento segura y transparente.

Obligaciones del inquilino y propietario

En cualquier contrato de arrendamiento, es fundamental definir con claridad las obligaciones de ambas partes: el arrendador (propietario) y el arrendatario (inquilino). Este equilibrio de responsabilidades garantiza una convivencia pacífica, evita conflictos y contribuye al correcto mantenimiento del inmueble. La Ley de Arrendamientos Urbanos establece un marco normativo que regula estas obligaciones, pero también permite que se complementen mediante acuerdos particulares reflejados en el contrato.

A continuación se resumen las principales obligaciones de cada parte:

Obligaciones del inquilino

  • Pagar la renta en el plazo y forma pactados.
  • Conservar la vivienda en buen estado, realizando pequeñas reparaciones por uso ordinario.
  • No realizar obras sin consentimiento escrito del propietario.
  • Utilizar el inmueble conforme al uso pactado (normalmente como vivienda habitual).
  • Permitir al propietario inspecciones razonables o reparaciones necesarias.
  • Devolver la vivienda al finalizar el contrato en condiciones similares a las iniciales, salvo el desgaste natural.

Obligaciones del propietario

  • Entregar la vivienda en condiciones habitables y en buen estado de uso.
  • Realizar las reparaciones necesarias que no sean atribuibles al inquilino.
  • Garantizar el uso pacífico del inmueble durante el tiempo del arrendamiento.
  • Devolver la fianza en el plazo de un mes tras la finalización del contrato, descontando posibles daños o impagos justificados.
  • Asumir los gastos de comunidad y el IBI, salvo que se pacte lo contrario.

Aunque el contrato puede establecer obligaciones adicionales, estas nunca deben contradecir la normativa vigente ni generar desequilibrios abusivos. Un contrato justo es aquel que protege los intereses de ambas partes y se ajusta a la legalidad.

Además, tanto el inquilino como el propietario deben mantener una comunicación fluida y respetuosa. Notificar averías, comunicar incidencias o pactar mejoras son aspectos que, si se gestionan adecuadamente, fortalecen la relación contractual y previenen disputas. En caso de desacuerdo, contar con un contrato claro será clave para resolver cualquier controversia.

Resolución y extinción del contrato

La resolución y extinción del contrato de alquiler son aspectos clave que deben estar claramente definidos en el documento contractual. Estas situaciones marcan el final de la relación arrendaticia, ya sea de forma anticipada o al cumplirse el plazo acordado. Establecer con precisión las condiciones bajo las cuales puede darse por terminado el contrato evita conflictos y garantiza una finalización ordenada del arrendamiento.

La extinción del contrato se produce normalmente por el cumplimiento del plazo pactado. En este caso, si ninguna de las partes manifiesta su voluntad de renovar, el contrato finaliza de forma automática. No obstante, es fundamental que tanto arrendador como arrendatario respeten los plazos de preaviso establecidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Por otro lado, la resolución anticipada puede darse por diversas causas, ya sea por decisión unilateral del inquilino o del propietario, o por incumplimiento contractual. Las causas más frecuentes incluyen:

  • Impago de la renta o de suministros por parte del inquilino.
  • Subarriendo no autorizado o uso no pactado del inmueble.
  • Daños graves en la vivienda o actividades molestas, insalubres o ilegales.
  • Necesidad del propietario de ocupar la vivienda para sí o familiares (con condiciones específicas).
  • Voluntad del inquilino tras seis meses de contrato, con preaviso de 30 días.

En todos los casos de resolución anticipada, es aconsejable documentar la causa con pruebas (correos, fotografías, actas, etc.) y formalizar la finalización del contrato por escrito, dejando constancia de la entrega de llaves y del estado del inmueble.

Asimismo, una vez extinguido el contrato, el arrendador debe devolver la fianza dentro del plazo legal, descontando posibles daños o impagos debidamente justificados. También es recomendable realizar un inventario o acta de devolución para evitar reclamaciones posteriores.

En resumen, la resolución y extinción del contrato de alquiler son fases naturales del proceso arrendaticio, pero requieren claridad, comunicación y cumplimiento de la normativa. Una redacción precisa en el contrato y una gestión ordenada del cierre del arrendamiento son fundamentales para proteger los derechos de ambas partes y evitar conflictos innecesarios.

Errores comunes a evitar

Redactar un contrato de alquiler puede parecer una tarea sencilla, pero en la práctica es común cometer errores que derivan en problemas legales, económicos o de convivencia. Muchos de estos fallos provienen de la falta de asesoramiento, el uso de modelos genéricos sin adaptar o la omisión de aspectos clave que deberían estar claramente establecidos en el documento. Detectar y evitar estos errores es fundamental para garantizar un arrendamiento seguro y sin sorpresas.

A continuación, se enumeran los errores más frecuentes que tanto propietarios como inquilinos deben evitar al redactar o firmar un contrato de arrendamiento:

  • No establecer la duración del contrato o hacerlo de forma ambigua.
  • Omitir la obligación de registrar la fianza en el organismo autonómico correspondiente.
  • Utilizar cláusulas ilegales o abusivas que pueden ser anuladas judicialmente.
  • No especificar quién asume cada tipo de gasto: suministros, comunidad, reparaciones, etc.
  • Firmar sin haber realizado un inventario detallado del estado del inmueble y sus enseres.
  • Ignorar las normativas específicas del alquiler de vivienda habitual frente al de uso turístico o de temporada.
  • No prever mecanismos claros de resolución de conflictos o rescisión anticipada.
  • Confiar únicamente en acuerdos verbales o por mensajería sin respaldo legal escrito.

Un error común y grave es copiar contratos genéricos de internet sin adaptarlos al caso concreto ni revisar su legalidad actual. Cada arrendamiento es único y debe reflejar las particularidades del inmueble, las condiciones pactadas y la normativa vigente.

Además, es importante evitar la falta de comunicación entre las partes. Muchos conflictos se agravan por no dejar constancia escrita de acuerdos posteriores al contrato, como reparaciones, ampliaciones de plazo o cambios en el uso del inmueble. Toda modificación debe recogerse por escrito y firmarse por ambas partes como anexo al contrato original.

En definitiva, prevenir estos errores no solo ahorra problemas futuros, sino que también refuerza la confianza entre propietario e inquilino. Contar con asesoría jurídica o utilizar modelos actualizados y adaptados es una inversión que puede evitar costosos litigios y complicaciones legales.

Modelo de contrato de alquiler

Contar con un modelo de contrato de alquiler bien estructurado y ajustado a la legislación vigente es clave para formalizar correctamente cualquier arrendamiento. Aunque existen numerosas plantillas disponibles en internet, lo más recomendable es utilizar un modelo base completo que se adapte a las particularidades de cada caso: tipo de inmueble, duración del contrato, garantías acordadas, entre otros. Un buen contrato no solo incluye cláusulas claras, sino que también prevé posibles situaciones futuras y detalla las condiciones acordadas de forma precisa.

A continuación, se presenta la estructura básica que debe incluir un modelo de contrato de arrendamiento de vivienda habitual:

  • Encabezado: título del contrato, fecha y lugar de firma.
  • Datos de las partes: nombre, apellidos, DNI/NIE y domicilio de arrendador y arrendatario.
  • Descripción del inmueble: dirección completa, características básicas, referencia catastral.
  • Objeto del contrato: finalidad del alquiler (vivienda habitual).
  • Duración: plazo de arrendamiento, fecha de inicio y condiciones de renovación.
  • Renta: importe mensual, forma y fecha de pago, actualizaciones.
  • Fianza y garantías: cuantía de la fianza, depósito y condiciones de devolución.
  • Gastos y servicios: qué pagos asume cada parte (agua, luz, comunidad, etc.).
  • Conservación y obras: reparto de responsabilidades en mantenimiento y reparaciones.
  • Resolución y extinción: causas y preavisos necesarios.
  • Cláusulas adicionales: condiciones específicas según lo pactado (mascotas, subarriendo, etc.).
  • Firmas: rúbrica de ambas partes y número de copias firmadas.

Es fundamental que el contrato esté redactado con un lenguaje claro y sin ambigüedades. Además, debe revisarse antes de la firma para asegurarse de que todas las condiciones están correctamente reflejadas y que ninguna cláusula vulnera derechos legales.

Aunque este modelo puede servir como base, se recomienda contar con asesoramiento legal si se trata de un alquiler complejo o si se quieren incluir cláusulas específicas. Recordemos que un contrato mal redactado puede dar lugar a reclamaciones judiciales o nulidad de algunas cláusulas. Por tanto, disponer de un modelo de contrato de alquiler completo, personalizado y actualizado es una garantía para ambas partes.

Preguntas frecuentes

Al redactar o firmar un contrato de alquiler, es habitual que tanto arrendadores como arrendatarios tengan dudas sobre determinados aspectos legales o prácticos. Esta sección reúne algunas de las preguntas más frecuentes que surgen en este tipo de contratos, junto con respuestas claras y actualizadas que te ayudarán a tomar decisiones informadas.

¿Quién paga los gastos del contrato de alquiler?

Por lo general, los honorarios de la gestoría o agencia y los gastos de redacción del contrato son pactados libremente entre las partes. Sin embargo, si el arrendador es persona jurídica, la ley obliga a que estos gastos sean asumidos por él. En cuanto a suministros (agua, luz, gas), normalmente corren a cargo del inquilino, salvo pacto en contrario.

¿Es obligatoria la fianza en un contrato de alquiler?

Sí, la Ley de Arrendamientos Urbanos establece la obligación de entregar una fianza equivalente a una mensualidad de renta en contratos de vivienda habitual. Esta fianza debe depositarse en el organismo autonómico correspondiente, y su devolución está sujeta al buen estado del inmueble y a la ausencia de deudas pendientes.

¿Qué hacer si el inquilino no paga el alquiler?

En caso de impago, se recomienda intentar una solución amistosa en primer lugar. Si no hay acuerdo, el propietario puede iniciar un procedimiento de desahucio por falta de pago. Es importante conservar el contrato, los recibos y toda la documentación que demuestre el incumplimiento.

¿Puede un contrato verbal ser válido legalmente?

Sí, un contrato verbal de alquiler tiene validez legal, aunque se recomienda siempre formalizarlo por escrito. La falta de un documento firmado dificulta la prueba de las condiciones pactadas en caso de conflicto, lo cual puede derivar en inseguridad para ambas partes.

Resolver estas dudas es esencial para establecer una relación arrendaticia basada en la confianza y en el cumplimiento de la normativa vigente. Siempre que surjan cuestiones legales complejas, es recomendable acudir a un profesional especializado en arrendamientos urbanos.

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