Asesoramiento legal por estafas y fraudes

Tipos de estafas y marco legal

Las estafas y fraudes abarcan comportamientos engañosos destinados a obtener un beneficio económico indebido o causar un perjuicio patrimonial. En el ámbito español, el delito de estafa se articula cuando se emplea un engaño bastante que induce a error a la víctima y la lleva a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Sin embargo, el fenómeno es más amplio e incluye conductas civiles, mercantiles y administrativas: desde incumplimientos dolosos de contratos hasta prácticas desleales, suplantación de identidad o captación fraudulenta de inversiones. Identificar correctamente la figura aplicable es el primer paso para defender tus derechos y trazar la estrategia de recuperación del dinero.

Entre los tipos más frecuentes encontramos: phishing y smishing (suplantación a través de correo o SMS), vishing (llamadas telefónicas con ingeniería social), estafas bancarias con transferencias no consentidas, fraudes en compraventas online (marketplaces, alquileres ficticios, chollos irreales), inversiones en criptoactivos o trading con promesas de rentabilidad garantizada, suplantación de identidad para contratar servicios o vaciar cuentas y pirámides/ponzi encubiertos como oportunidades de negocio. En el terreno no digital persisten los fraudes clásicos: obras y reparaciones que nunca se ejecutan, contratos con cláusulas engañosas, o cobros por servicios no prestados.

Nuestro asesoramiento legal por estafas y fraudes se adapta a cada modalidad, valorando si corresponde actuar por la vía penal (cuando la conducta encaja en el tipo delictivo), por la vía civil/mercantil (resolución contractual, indemnización de daños y perjuicios), ante servicios de reclamaciones bancarias y organismos de consumo, o combinando varias. Un análisis técnico inicial permite estimar probabilidades de éxito, cuantía recuperable, responsables (autor, intermediarios, entidades financieras que incumplen su diligencia, plataformas) y medidas cautelares para asegurar bienes.

Evaluación inicial y documentación necesaria

La calidad de la prueba determina la fuerza de una reclamación. Por eso nuestro proceso comienza con una entrevista estructurada en la que ordenamos cronológicamente los hechos: cómo se produjo el primer contacto, qué mensajes o llamadas recibiste, qué páginas o perfiles visitaste, qué pagos realizaste, a quién y con qué concepto. Cuanto más detallada sea la línea temporal, más sencillo será demostrar el engaño y el nexo causal con el perjuicio económico.

Te pediremos compilar la documentación esencial: capturas de pantallas (web, apps, redes sociales, chats), correos electrónicos con encabezados completos, SMS, audios, facturas, contratos, justificantes bancarios (transferencias, cargos de tarjeta, Bizum), logs de acceso si los hay, y datos de las cuentas receptoras (IBAN, titular, plataforma). Es crucial preservar metadatos y, cuando sea posible, descargar versiones íntegramente (p. ej., páginas web en formato PDF con URL y fecha). También resultan útiles testimonios de terceros, anuncios, material promocional o condiciones generales aceptadas.

Nuestro equipo convierte ese material en un dossier probatorio, cuidando la integridad y la trazabilidad (hash, sellos de tiempo, actas notariales si procede). A partir de ahí, definimos la reclamación: requerimiento previo al defraudador o intermediario, disputa bancaria (chargeback, transferencias no autorizadas), denuncia penal y, si corresponde, demanda civil con solicitud de medidas cautelares. Este enfoque por fases permite intentar recuperaciones rápidas sin renunciar a acciones más contundentes si la respuesta es negativa o dilatoria.

• Recopila pruebas de origen (qué te hizo confiar) y de ejecución (cómo te indujeron a pagar).
• Guarda justificantes bancarios y datos del destinatario del dinero.
• No borres conversaciones ni denuncies perfiles hasta preservar evidencia.

Estrategia legal: vía penal, civil y bancaria

Elegir la vía adecuada exige ponderar rapidez, coste y probabilidad de recuperación. La vía penal es idónea cuando hay un engaño bastante, múltiples víctimas, organización, importes relevantes o riesgo de destrucción de pruebas. Permite investigar diligencias (oficios a bancos y plataformas, rastreo de IPs, bloqueo de fondos) y pedir responsabilidad civil derivada del delito. La vía civil/mercantil es útil para resolver contratos viciados por dolo, exigir devoluciones e indemnizaciones, o reclamar a intermediarios que incumplieron su deber de diligencia y vigilancia. De forma complementaria, la vía bancaria (reclamación interna, Banco de España, sistemas de compensación) es esencial ante transferencias o cargos no autorizados.

Nuestra metodología combina estas vías de manera escalonada. Empezamos con un requerimiento fehaciente que interrumpe plazos y presiona para la devolución. En paralelo, activamos la disputa bancaria, con argumentos técnicos: autenticación reforzada (SCA), deber de prevención del fraude, responsabilidad por operaciones no autorizadas y tiempos de devolución. Si el caso lo aconseja, interponemos denuncia con solicitud de medidas cautelares (embargos, bloqueo de cuentas, oficios a exchanges). Y, si el defraudador o la entidad se resisten, acudimos a la vía civil con acción de nulidad, restitución e indemnización.

Fraudes digitales y ciberestafas

Las ciberestafas se han sofisticado: correos que clonan la identidad de bancos, servicios de mensajería que conducen a webs falsas, anuncios patrocinados que imitan a marcas conocidas, perfiles de soporte técnico que piden códigos de verificación, o aplicaciones maliciosas que interceptan SMS. También proliferan fraudes en inversiones: “brokers” sin licencia que te muestran paneles con supuestas ganancias para que ingreses más capital, o propuestas de “staking” y “minería” con rentabilidades garantizadas. El elemento común es la ingeniería social, que explota la confianza, la urgencia o el miedo.

Nuestra intervención combina análisis técnico (URL, certificados, DNS, huellas digitales) con acción legal inmediata. Pedimos a plataformas y registradores la preservación de logs, requerimos a pasarelas de pago y PSP los datos de titular de la cuenta receptora, y reclamamos a bancos/exchanges la identificación y congelación de fondos cuando sea posible. En casos de suplantación de identidad, activamos procedimientos de retirada de contenido y bloqueo de perfiles. La prioridad es cortar el flujo y trazar el dinero.

• Phishing/Smishing/Vishing: nunca compartas códigos ni enlaces acortados sin verificar.
• Anuncios falsos: contrasta dominios, CIF de la empresa y opiniones verificadas.
• Cripto y trading: exige licencias, políticas KYC y cuentas segregadas.

Estafas bancarias y tarjetas: cargos no autorizados y devolución

Cuando se producen transferencias o cargos no autorizados, el banco tiene obligaciones de seguridad y de reembolso salvo que pruebe la autorización o tu negligencia grave. Analizamos si se vulneró la autenticación reforzada (SCA), si hubo fraude por manipulación (enlaces que redirigen a web clonada) o aplicaciones maliciosas que capturaron códigos. Es frecuente que la entidad niegue la devolución alegando que “se emplearon tus credenciales”; esa respuesta no es definitiva y puede combatirse con pruebas técnicas y doctrina de supervisores y tribunales.

En tarjetas, invocamos el chargeback cuando el comercio no entrega el bien o resulta fraudulento. En transferencias, exigimos la rectificación si se demuestra manipulación o phishing, y complementamos con acción penal para el bloqueo de cuentas receptoras. Si ha intervenido Bizum u otras pasarelas, rastreamos el IBAN y pedimos la identificación al proveedor de servicios de pago. Además, articulamos reclamaciones ante el Servicio de Atención al Cliente del banco, defensor del cliente y supervisor competente.

Pruebas y cadena de custodia digital

La diferencia entre recuperar o no el dinero suele estar en cómo se preserva y presenta la prueba. Trabajamos con procedimientos de captura forense (hashes, sellos de tiempo, recogida íntegra de correos con cabeceras), y, cuando conviene, con actas notariales o periciales que acreditan autenticidad y contexto. En la documentación bancaria, es esencial aportar extractos oficiales con referencias de operación, en lugar de simples pantallazos. Si hay llamadas, se solicita copia al operador; si hay perfiles falsos, se requiere a la plataforma la preservación de logs.

La cadena de custodia implica poder demostrar que la evidencia no ha sido manipulada desde su obtención hasta su presentación. Para ello mantenemos un registro de quién accede, cuándo y cómo se transforma, y custodiamos originales en soportes separados. Esta rigurosidad aporta credibilidad ante jueces, bancos y plataformas, y reduce el riesgo de impugnación. Asimismo, preparamos la exposición narrativa del fraude de manera pedagógica: línea temporal, correlación prueba-hecho, y daños cuantificados (pérdida directa, gastos, lucro cesante).

• Conserva dispositivos y evita reinstalaciones hasta clonar datos.
• Descarga correos completos (.eml) e incluye encabezados.
• Guarda recibos y justificantes originales emitidos por las entidades.

Plazos, jurisdicción y costes

Actuar con rapidez es crítico: algunos procedimientos bancarios exigen reclamación inmediata, y en la vía penal los tiempos iniciales pueden ser decisivos para bloquear fondos. Aun así, existen plazos generales de prescripción para delitos y acciones civiles que permiten reclamar durante años, según la naturaleza del caso. Valoramos también competencia y jurisdicción cuando intervienen plataformas extranjeras, PSPs o exchanges con domicilio fuera de España, analizando foros de sumisión y normativa aplicable para evitar dilaciones.

En costes, apostamos por transparencia: presupuesto cerrado por fase (requerimiento, reclamación bancaria, denuncia, demanda), con posibilidad de pactar un componente variable vinculado a la recuperación. Además, intentamos repercutir costas a la contraparte cuando la ley lo permite, y exploramos vías de asistencia jurídica o seguros de defensa jurídica si el cliente dispone de póliza. También valoramos la conveniencia de un acuerdo que acelere la devolución, sin renunciar a acciones contra otros responsables (intermediarios, entidades que no cumplieron con su deber de diligencia).

Cómo trabajamos: metodología, honorarios y resultados

Nuestra propuesta se centra en rapidez, claridad y foco en recuperación. En 48–72 horas laborables acostumbramos a tener una hoja de ruta: viabilidad y riesgos, objetivos por fase y checklist de pruebas a reforzar. Ejecutamos primero lo que más retorno puede generar en menos tiempo (reclamación bancaria y requerimientos a receptores), y paralelamente preparamos la vía penal o civil si la respuesta es nula o dilatoria. Mantenemos comunicación proactiva con actualizaciones claras de hitos: contacto con entidades, número de expediente, documentos enviados y próximos pasos.

En honorarios, ofrecemos paquetes por fase para que controles el coste y puedas decidir mientras avanza la recuperación. Nuestro historial incluye devoluciones íntegras en cargos no autorizados, acuerdos con plataformas para reembolso parcial, y sentencias favorables con condena en costas. Cada caso es distinto: no prometemos resultados, pero sí rigor jurídico, experiencia en tecnología y una estrategia de presión coordinada. Si el coste de litigar supera la cuantía, te plantearemos alternativas extrajudiciales o acciones colectivas.

• Informe de viabilidad por fases, con hitos y KPIs.
• Canal de comunicación ágil y seguro para intercambio de pruebas.
• Orientación preventiva para evitar reincidencias y proteger tus cuentas.

Preguntas frecuentes