¿Puedo denunciar a mi expareja por impago?

Sí, puedo denunciar a mi expareja por impago en determinados supuestos, pero conviene precisar qué significa exactamente “denunciar”. En España, el impago de una pensión alimenticia o de otras cantidades fijadas en sentencia, auto o convenio regulador aprobado judicialmente puede dar lugar, según el caso, a una denuncia penal por impago de prestaciones familiares o a una reclamación civil de ejecución de sentencia.

La respuesta breve es esta: si existe una resolución judicial o un convenio aprobado judicialmente y no se paga lo acordado, habrá que valorar si procede acudir a la vía penal, a la vía civil de ejecución o incluso a ambas posibilidades en momentos distintos. La clave suele estar en la documentación disponible, el tipo de obligación impagada y la forma en que se ha producido el incumplimiento.

1. ¿Cuándo puede denunciarse el impago de una expareja?

Desde el punto de vista jurídico, hablar de denuncia impago puede referirse a dos cosas distintas. Por un lado, a denunciar penalmente un posible delito de impago de prestaciones familiares; por otro, a reclamar civilmente las cantidades debidas mediante la ejecución de una resolución judicial.

En la vía penal, la referencia básica es el artículo 227 del Código Penal, que regula el posible delito de impago de prestaciones familiares. Para valorar esta opción, normalmente será importante que la obligación de pago derive de una resolución judicial o de un convenio aprobado judicialmente y que concurran los requisitos que exige ese precepto. No todo retraso o desajuste encaja sin más en esta vía, por lo que conviene analizar el caso con prudencia y, en su caso, contar con asesoramiento legal en delitos penales.

En el plano civil, si existe sentencia, auto o convenio regulador aprobado judicialmente, puede plantearse una demanda civil de ejecución para reclamar la deuda pensión u otras cantidades impagadas. Aquí el marco general está en la Ley de Enjuiciamiento Civil, artículos 517 y siguientes, relativos a los títulos ejecutivos y a la ejecución forzosa.

2. Vía penal o ejecución civil: qué cambia en la práctica

La diferencia práctica principal es el objetivo de cada vía. La denuncia penal busca que se valore si ha existido un ilícito penal conforme al artículo 227 del Código Penal. La ejecución de sentencia, en cambio, se orienta a cobrar las cantidades reconocidas en una resolución judicial o en un incumplimiento convenio aprobado por el juzgado.

En muchos asuntos de familia, la vía más directa para reclamar el impago suele ser la ejecución civil de las medidas ya fijadas. Eso no significa que la vía penal quede descartada automáticamente: dependerá de los hechos, de la persistencia del impago y de la prueba disponible. También habrá que valorar si ha habido pagos parciales, ingresos irregulares, acuerdos verbales o cambios de circunstancias no formalizados judicialmente, porque todo ello puede complicar la reclamación y exigir un examen más técnico en conflictos familiares.

3. Qué documentos y pruebas conviene reunir

Antes de iniciar cualquier reclamación, conviene reunir la documentación básica. Lo más importante suele ser contar con la sentencia, el auto o el convenio regulador aprobado judicialmente donde figure con claridad la obligación de pago.

• Resolución judicial o convenio aprobado judicialmente.
• Justificantes bancarios que acrediten la prueba impago o pagos parciales.
• Comunicaciones entre las partes, si ayudan a contextualizar el incumplimiento.
• Relación detallada de mensualidades o conceptos debidos.

Si hubo pactos verbales sobre una reducción temporal o cambios en la forma de pago, también conviene documentarlos, aunque su eficacia dependerá del caso y de si llegaron o no a formalizarse judicialmente. En derecho de familia, los acuerdos no homologados pueden generar mucha discusión probatoria.

4. Cómo reclamar la deuda y qué medidas pueden valorarse

Si se inicia una reclamación civil, lo habitual es estudiar la viabilidad de una ejecución basada en el título judicial correspondiente, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil. En esa fase, pueden valorarse medidas de apremio orientadas al cobro de las cantidades debidas. Según la información patrimonial disponible, podría plantearse el embargo de cuentas o incluso un embargo salario, siempre dentro del cauce legal y sin prometer un resultado concreto.

En algunos supuestos también pueden analizarse medidas cautelares o actuaciones de averiguación patrimonial, pero su procedencia dependerá del procedimiento, de la urgencia y de la documentación aportada. Si además se valora la vía penal, será importante exponer con precisión qué obligación se ha incumplido y desde cuándo.

Por ello, suele ser recomendable revisar el asunto con un abogado familia, especialmente cuando existen discrepancias sobre pagos en efectivo, compensaciones informales o gastos extraordinarios discutidos.

5. Errores frecuentes antes de iniciar la reclamación

Uno de los errores más comunes es pensar que cualquier impago debe canalizarse siempre como denuncia penal. No necesariamente es así: muchas veces lo procedente es reclamar civilmente la ejecución de lo ya acordado judicialmente.

También es frecuente acudir sin calcular bien la deuda, sin extractos bancarios o sin copia completa de la resolución. Otro problema habitual aparece cuando se han tolerado pagos parciales durante meses o se han aceptado cambios verbales sin pedir su aprobación judicial. Eso no impide siempre reclamar, pero sí puede dificultar la estrategia y la prueba.

En resumen, si existe una sentencia o convenio aprobado judicialmente y hay impago, puede haber base para reclamar. Lo primero suele ser revisar con detalle la resolución, cuantificar la deuda y preparar la prueba del impago para decidir si conviene una vía penal, una ejecución civil o ambas opciones de forma técnicamente ordenada. Si el coste del procedimiento es una preocupación, también puede valorarse solicitar justicia gratuita si se cumplen los requisitos legales.