Abogado para reclamar daños por negligencia médica

Qué es negligencia médica y daños reclamables

La negligencia médica se produce cuando un profesional o centro sanitario infringe la lex artis —las reglas de buena práctica clínica— y esa desviación provoca un daño evitable al paciente. No se trata de exigir resultados “perfectos”, sino de comprobar si, en las mismas circunstancias, un profesional medio, con los medios disponibles, habría actuado de forma diferente. Este matiz es esencial: un mal resultado no siempre implica mala praxis, pero cuando concurren error diagnóstico evitable, retraso injustificado, tratamiento inadecuado, falta de información o fallos organizativos, sí puede existir responsabilidad sanitaria.

Los daños reclamables abarcan secuelas físicas y psicológicas, pérdidas económicas (lucro cesante por bajas prolongadas o incapacidad), gastos médicos presentes y futuros, así como el daño moral derivado del sufrimiento y la afectación a la vida cotidiana. En casos de fallecimiento, los familiares directos pueden reclamar por su propio perjuicio. Además, hay daños específicos como infecciones nosocomiales evitables, errores en medicación, fallos en protocolos quirúrgicos (conteo de gasas, material olvidado), lesiones por partos mal asistidos o altas precipitadas.

Cómo te ayuda un abogado especialista

Un abogado para reclamar daños por negligencia médica coordina la estrategia jurídica y técnica de la reclamación. En primer lugar, analiza la viabilidad del caso: revisa la documentación, solicita la historia clínica completa y contrasta la actuación con guías de práctica clínica y protocolos. En segundo lugar, selecciona al perito médico idóneo según la especialidad (cirugía, ginecología, urgencias, anestesia, atención primaria, etc.), pues la pericial es el pilar probatorio. Por último, decide la vía procedimental adecuada (responsabilidad civil, patrimonial de la Administración o incluso penal) y diseña la negociación con aseguradoras.

Además de la vertiente técnica, el abogado se convierte en tu interlocutor ante el hospital o la aseguradora, gestiona plazos, conserva prueba, cuantifica daños y orienta sobre costes y opciones de financiación (honorarios fijos, variables o mixtos). En muchos despachos se ofrece una valoración preliminar basada en la documentación inicial y en la experiencia con casos análogos. Esta visión realista evita litigios innecesarios y maximiza las probabilidades de éxito cuando se decide reclamar.

• Obtención y auditoría de la historia clínica y cadenas de custodia.
• Contraste con estándares de lex artis y detección de desviaciones.
• Estrategia probatoria y encargos periciales especializados.
• Negociación previa, mediación y, si procede, demanda judicial.

Plazos y vías legales en España

La reclamación por negligencia médica puede articularse por distintas vías, con plazos de prescripción que varían. Si el centro implicado es público, la acción habitual es la responsabilidad patrimonial de la Administración, que se tramita en vía administrativa previa y, en su caso, contencioso-administrativa. En centros y profesionales privados, se acciona por la vía civil por responsabilidad contractual o extracontractual. En supuestos excepcionales, puede plantearse la vía penal (lesiones imprudentes), aunque requiere una valoración muy rigurosa por su mayor complejidad.

Los plazos comienzan a contar cuando el paciente puede conocer el alcance del daño (criterio de consolidación de secuelas), no siempre desde el día del acto médico. No obstante, conviene actuar con agilidad: solicitar cuanto antes la historia clínica interrumpe o mitiga riesgos de pérdida de prueba, y la reclamación previa bien fundamentada facilita la negociación. Un abogado especialista te ayudará a fijar con precisión fechas clave y a elegir la vía que mejor proteja tus derechos.

Pruebas clave y pericial médica

La prueba reina en mala praxis es el informe del perito médico, que analiza la actuación sanitaria, la relación de causalidad y la cuantificación de daños. Este informe debe apoyarse en la historia clínica íntegra, pruebas complementarias, guías clínicas, literatura científica y, muy importante, la cronología de síntomas y decisiones adoptadas. También son relevantes los consentimientos informados (o su ausencia), las hojas de medicación, partes de quirófano y altas médicas.

Además del peritaje, resultan útiles declaraciones de testigos (familiares presentes, personal sanitario), informes psicológicos, evaluaciones de incapacidad laboral y toda la documentación económica (facturas de tratamientos, adecuaciones del hogar, desplazamientos). La cadena de custodia y la autenticidad de la historia clínica deben extremarse; cualquier laguna o modificación sin justificar puede jugar a favor del paciente. El abogado dirigirá los encargos periciales y, si es preciso, solicitará ampliaciones o contrainformes.

• Historia clínica completa y legible, con trazabilidad.
• Consentimientos informados y protocolos asistenciales.
• Informes periciales por especialidad y cronología detallada.
• Soporte económico del daño: facturas, nóminas, gastos futuros.

Reclamación extrajudicial y trato con aseguradoras

Antes de acudir a juicio, es habitual plantear una reclamación extrajudicial sólida, acompañada de informe pericial preliminar y una cuantificación razonada de los daños. Este enfoque permite abrir una negociación con el hospital y su aseguradora, activar mecanismos adecuados de solución de controversias (mediación, negociación asistida) y, en muchos casos, alcanzar acuerdos que eviten la judicialización. Un dossier bien armado muestra solvencia técnica y puede acelerar una oferta indemnizatoria.

Con las aseguradoras, la clave es el método: definir el marco de responsabilidad, acreditar causalidad, y justificar cada concepto indemnizable con documentos y referencias al baremo. Evita aceptar ofertas tempranas sin revisión experta; suelen infravalorar secuelas o necesidades futuras. Si no hay avance, el paso a vía judicial debe estar preparado desde el inicio para no perder tiempo ni fuerza negociadora.

Procedimientos judiciales: civil, contencioso y penal

En la vía civil (sector privado), la demanda se dirige contra el profesional y/o el centro sanitario y su aseguradora. Se argumenta la infracción de la lex artis, la causalidad y el daño, aportando pericial médica y documental. Puede existir responsabilidad contractual (relación paciente-centro) o extracontractual. En la vía contencioso-administrativa (sector público), se impugna la desestimación —expresa o presunta— de la reclamación patrimonial previa. La prueba pericial y los protocolos internos del centro público adquieren especial relevancia.

La vía penal, por su parte, se reserva a supuestos de gravedad y evidencia de imprudencia. Exige un estándar probatorio más alto y tiene implicaciones personales para los profesionales; por ello, debe valorarse con prudencia. En todas las vías, la fase de prueba pericial (con ratificación y posible contrainterrogatorio) es decisiva. Un abogado experto trabaja la coherencia narrativa del caso, prepara al perito para vista y usa criterios de cuantificación aceptados por los tribunales.

• Civil: responsabilidad contractual/extracontractual frente a centros y aseguradoras.
• Contencioso: impugnación de la resolución administrativa en centros públicos.
• Penal: solo en supuestos de imprudencia grave acreditable.

Cálculo de la indemnización y baremo

La cuantificación de la indemnización se apoya en el baremo de daños personales, que ofrece un marco objetivo para valorar días de perjuicio, secuelas (puntos), perjuicio moral y perjuicios patrimoniales. En negligencia médica, la pericial debe traducir el daño clínico a parámetros indemnizables y justificar necesidades futuras: rehabilitación, medicación crónica, prótesis, adecuaciones del hogar, ayudas de tercera persona o pérdida de ingresos. También puede incorporarse el daño moral por pérdida de oportunidad, cuando la falta de diagnóstico o tratamiento redujo significativamente las posibilidades de curación.

La indemnización final suele integrar varios capítulos: gastos sanitarios, lucro cesante (trabajo o negocio), secuelas y perjuicio moral, además de intereses desde la fecha adecuada. Una buena reclamación explica con claridad cada partida, aporta soporte documental y pericial, y evita duplicidades. El resultado es una cifra sólida y defendible tanto en negociación como ante el juez.

Errores frecuentes y cómo evitarlos

El error más común es dejar pasar el tiempo sin asesoramiento, lo que compromete plazos y prueba. Otro fallo habitual es solicitar la historia clínica de forma incompleta o sin verificar su integridad; también aceptar ofertas aseguradoras sin un informe pericial. Presentar reclamaciones “genéricas” sin cronología, sin nexo causal ni cuantificación razonada resta fuerza negociadora. Por último, iniciar una vía judicial inadecuada o en un juzgado territorialmente incorrecto puede dilatar el caso e incrementar costes.

• Actúa temprano: pide la historia clínica completa y busca un abogado especialista.
• No subestimes la pericial: sin perito adecuado, la reclamación pierde solidez.
• Evita ofertas precipitadas: revisa con baremo y proyección de gastos futuros.
• Cuida la narrativa del caso: cronología clara, pruebas enlazadas y cuantificación defendible.

Preguntas frecuentes