¿Cuánto tarda un desahucio por impago de alquiler?

¿Cuánto tarda un desahucio por impago de alquiler?

Publicado el 20 de junio de 2025


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Introducción

El desahucio por impago de alquiler es una de las situaciones legales más frecuentes en el ámbito del arrendamiento de viviendas y locales en España. Cuando un inquilino deja de abonar las rentas pactadas en el contrato de alquiler, el propietario tiene derecho a iniciar un procedimiento judicial para recuperar la posesión del inmueble. Esta vía legal está regulada por la Ley de Enjuiciamiento Civil y otras normativas específicas, y aunque su propósito es proteger los derechos del arrendador, también debe respetar los derechos fundamentales del inquilino.

Comprender cuánto tiempo puede tardar este procedimiento resulta esencial tanto para propietarios como para inquilinos. El plazo del desahucio depende de múltiples factores: la rapidez del juzgado, la reacción del inquilino ante la demanda, la acumulación de otras acciones (como la reclamación de rentas impagadas) y las circunstancias particulares del caso, como la posible situación de vulnerabilidad del arrendatario.

En líneas generales, un desahucio por impago de alquiler puede resolverse en un periodo que va desde los dos hasta los seis meses, aunque en escenarios complejos puede alargarse aún más. No obstante, gracias a reformas legales introducidas en los últimos años, como la Ley 5/2018, se han establecido procedimientos más ágiles para intentar acelerar la recuperación del inmueble.

Este artículo está diseñado para ofrecer una guía clara y estructurada sobre el proceso de desahucio por impago, detallando los pasos legales, los tiempos estimados, los costes asociados y las posibles complicaciones. También se abordarán estrategias que los propietarios pueden aplicar para evitar llegar a este extremo, así como las alternativas que los inquilinos tienen para defenderse o regularizar su situación.

  • ¿Cuáles son los pasos que debe seguir un propietario para iniciar el desahucio?
  • ¿Qué derechos tiene el inquilino durante este proceso?
  • ¿Qué documentación es necesaria para presentar la demanda?
  • ¿Qué ocurre si el inquilino paga la deuda antes del juicio?

En definitiva, conocer el funcionamiento del desahucio por impago es fundamental para afrontar este proceso con seguridad jurídica, minimizando riesgos, costes y plazos. En las siguientes secciones, desgranaremos cada uno de los aspectos clave con un enfoque práctico y actualizado a la legislación vigente.

¿Qué es el desahucio por impago?

El desahucio por impago es un procedimiento judicial mediante el cual un propietario o arrendador solicita la recuperación de la posesión de un inmueble arrendado cuando el inquilino incumple su obligación de pagar el alquiler. Se trata de una herramienta legal diseñada para proteger al arrendador frente a situaciones de morosidad, garantizando el derecho a disponer de su propiedad ante el incumplimiento del contrato de arrendamiento.

Este procedimiento está regulado principalmente en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), especialmente en los artículos 250.1.1º y 440.3, así como en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). El proceso tiene como finalidad principal la devolución del inmueble, aunque suele ir acompañado también de una reclamación por las rentas adeudadas, lo que lo convierte en un procedimiento acumulado.

Es importante destacar que no basta con que el inquilino no pague una sola mensualidad para que se proceda automáticamente al desahucio. El arrendador debe iniciar una demanda judicial, aportar pruebas del impago, y seguir una serie de pasos procesales que incluyen notificación, oportunidad de enmienda (en ciertos casos) y posible juicio.

El proceso de desahucio por impago se inicia, por tanto, cuando el propietario presenta una demanda en el juzgado correspondiente. A partir de ahí, el inquilino puede optar por:

  • Pagar la deuda pendiente y evitar el desahucio (en casos donde la enmienda es posible).
  • Oponerse a la demanda si considera que existen motivos legales para ello.
  • No responder, lo que aceleraría el proceso de desahucio.

Es relevante señalar que, si el inquilino ya ha utilizado previamente la posibilidad de enmendar el pago en otro procedimiento en los últimos años, puede perder el derecho a evitar el desahucio simplemente abonando la deuda. Además, existen supuestos especiales, como los relacionados con situaciones de vulnerabilidad social, donde los juzgados pueden aplicar medidas adicionales para proteger a los arrendatarios más desfavorecidos.

En resumen, el desahucio por impago es una vía legal legítima y frecuente para resolver conflictos de impago en contratos de arrendamiento, pero debe gestionarse con cuidado, cumpliendo todos los requisitos legales y, preferiblemente, con asesoramiento jurídico adecuado para ambas partes.

Requisitos legales del procedimiento

Para que un procedimiento de desahucio por impago de alquiler pueda iniciarse correctamente, es imprescindible cumplir una serie de requisitos legales establecidos por la legislación española. Estos requisitos garantizan que el proceso se lleve a cabo con las debidas garantías para ambas partes, evitando nulidades o retrasos innecesarios. La normativa aplicable se encuentra principalmente en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

El primer paso es que exista un contrato de arrendamiento en vigor, preferentemente por escrito, donde se estipule la obligación del pago de una renta periódica. Aunque los contratos verbales también pueden ser válidos, su falta de documentación puede complicar la prueba del acuerdo y del incumplimiento.

Uno de los elementos clave para iniciar la demanda es acreditar el impago. Esto puede hacerse mediante extractos bancarios que demuestren la falta de ingresos, comunicaciones previas al inquilino, o incluso mediante requerimientos de pago formales, como un burofax con acuse de recibo. Aunque no siempre es obligatorio haber realizado un requerimiento previo, sí es recomendable como prueba adicional de la voluntad de cobro.

Asimismo, la demanda debe cumplir con una serie de formalismos procesales:

  • Identificación clara del demandante y del demandado.
  • Descripción del contrato y del incumplimiento producido.
  • Petición de desalojo del inmueble y, si se desea, reclamación de cantidades adeudadas.
  • Aportación de pruebas como el contrato, recibos impagados, comunicaciones previas, etc.

Además, desde la reforma de la LEC mediante la Ley 5/2018, se ha simplificado el proceso al permitir una tramitación más ágil a través del juicio verbal, sin necesidad de vista oral si no hay oposición del inquilino. También se ha reforzado la figura del requerimiento judicial de pago, que da al inquilino un plazo de 10 días para abonar la deuda, abandonar voluntariamente el inmueble o presentar alegaciones.

En conclusión, el cumplimiento riguroso de estos requisitos es fundamental para evitar que el procedimiento se prolongue o incluso sea inadmitido. Contar con un buen asesoramiento legal en esta fase inicial puede marcar la diferencia en la eficacia y rapidez del desahucio por impago.

Plazos legales del desahucio

Los plazos legales en un procedimiento de desahucio por impago de alquiler son cruciales tanto para el arrendador como para el inquilino, ya que marcan la duración del proceso judicial. Aunque la duración exacta puede variar dependiendo de varios factores, la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) establece ciertos tiempos aproximados que deben seguirse para garantizar que el procedimiento se realice de acuerdo a la normativa.

El plazo general para resolver un desahucio por impago varía según el tipo de juicio y la existencia de controversias, pero se estima que el proceso puede durar entre dos y seis meses. A continuación, detallamos las fases y los plazos aproximados de cada una:

El primer plazo es el que transcurre desde que el propietario presenta la demanda hasta que el juez emite la resolución inicial, lo cual suele ser de 1 a 3 semanas. Este plazo puede variar dependiendo de la carga de trabajo del juzgado y de si la documentación está completa y correcta.

Una vez presentada la demanda, el juez notificará al inquilino y le otorgará un plazo de 10 días para que pague la deuda, abandone el inmueble o presente alegaciones. Este plazo es esencial, ya que si el inquilino no responde, el proceso puede continuar rápidamente hacia la fase de desalojo.

Si el inquilino se opone o no paga la deuda dentro del plazo establecido, se inicia el juicio verbal. En este tipo de juicios, no es necesario que las partes se presenten ante el juez a menos que el inquilino lo solicite, lo que permite acelerar el proceso. El juicio verbal suele celebrarse entre 1 y 2 meses después de la resolución del requerimiento.

  • Desde la demanda hasta la resolución inicial: entre 1 y 3 semanas.
  • Plazo para que el inquilino pague o alegue: 10 días.
  • Fase de juicio verbal, si es necesario: entre 1 y 2 meses.
  • Desalojo o ejecución del desahucio: suele ocurrir entre 2 y 3 meses tras la sentencia.

Es importante tener en cuenta que estos plazos pueden verse alterados por factores como la carga de trabajo del juzgado, la complejidad del caso, la situación del inquilino (por ejemplo, si invoca su vulnerabilidad) o la existencia de recursos legales presentados por la parte demandada.

En algunos casos, especialmente cuando se considera que el inquilino está en una situación de vulnerabilidad, los plazos pueden extenderse, ya que el proceso incluye medidas adicionales para proteger al arrendatario. Sin embargo, si el inquilino no presenta alegaciones ni paga la deuda, el proceso de desalojo puede completarse en un plazo mucho más corto.

En resumen, los plazos legales para un desahucio por impago de alquiler están claramente establecidos, pero pueden variar dependiendo de las circunstancias del caso. Asegurarse de que se cumplan correctamente estos plazos es clave para que el proceso se desarrolle de manera eficiente.

Fases del proceso de desahucio

El proceso de desahucio por impago de alquiler consta de varias fases que deben seguirse para que el procedimiento se lleve a cabo correctamente. Desde la presentación de la demanda hasta la ejecución final del desahucio, cada etapa tiene su propio marco temporal y requisitos legales. A continuación, detallamos las fases principales de este proceso.

La primera fase del proceso es la presentación de la demanda. En esta fase, el arrendador debe presentar una demanda en el juzgado correspondiente, que incluye la documentación necesaria, como el contrato de arrendamiento, los recibos de alquiler impagados y cualquier otro documento que respalde su reclamación. El juez revisará la demanda y, si está completa, procederá a emitir una resolución inicial.

La segunda fase es la notificación al inquilino. Una vez que el juez ha admitido la demanda, el inquilino será notificado formalmente de la misma, y se le concederá un plazo para responder. En este plazo, que generalmente es de 10 días, el inquilino puede pagar la deuda, presentar alegaciones o solicitar una prórroga si tiene motivos legítimos. Si el inquilino no responde, el proceso puede avanzar rápidamente hacia la siguiente fase.

La tercera fase es la sentencia. Si el inquilino no paga la deuda ni presenta alegaciones, el juez emitirá una sentencia en la que se ordene el desalojo del inmueble. Si el inquilino presenta alegaciones, se celebrará un juicio verbal en el que ambas partes expondrán sus argumentos, y el juez decidirá si procede el desahucio o si hay razones para no llevarlo a cabo.

  • Fase 1: Presentación de la demanda con la documentación necesaria.
  • Fase 2: Notificación al inquilino y plazo para responder.
  • Fase 3: Sentencia del juez y posible desalojo o juicio verbal.

La cuarta fase es la ejecución del desahucio. Si la sentencia es favorable al arrendador y el inquilino no ha abandonado el inmueble voluntariamente, se procederá al desalojo. En esta fase, el juez puede ordenar la intervención de la policía para garantizar que el inquilino sea desalojado de manera efectiva.

Es importante tener en cuenta que, en algunos casos, el proceso puede retrasarse debido a recursos legales interpuestos por el inquilino o por situaciones especiales, como la vulnerabilidad social del inquilino, que pueden hacer que el proceso se alargue.

En resumen, el proceso de desahucio por impago de alquiler sigue una estructura definida que, aunque puede variar dependiendo de las circunstancias del caso, tiene plazos establecidos que se deben cumplir para garantizar una resolución adecuada. Conocer estas fases permite tanto a arrendadores como a inquilinos entender mejor el proceso legal y prepararse adecuadamente para cada etapa.

Factores que afectan la duración

La duración de un proceso de desahucio por impago de alquiler puede variar significativamente dependiendo de diversos factores. Aunque la ley establece plazos generales para cada fase, hay elementos que pueden acelerar o ralentizar el proceso. Estos factores pueden ser tanto de índole jurídica como práctica, y es crucial entenderlos para gestionar mejor las expectativas y los tiempos en un procedimiento de desahucio.

Uno de los principales factores que influye en la duración del desahucio es la carga de trabajo de los juzgados. En zonas con una alta demanda de procedimientos judiciales, los plazos pueden alargarse debido a la saturación del sistema judicial. Los jueces y secretarios judiciales tienen un número limitado de casos que pueden gestionar simultáneamente, lo que podría provocar retrasos en la tramitación.

Otro factor importante es la respuesta del inquilino. Si el inquilino paga la deuda o abandona el inmueble antes de la fecha establecida, el proceso se acorta considerablemente. Sin embargo, si el inquilino decide presentar alegaciones o recurrir la sentencia, el proceso puede prolongarse durante varios meses más, especialmente si se solicita la revisión de la sentencia en tribunales superiores.

Además, la presencia de situaciones especiales, como la vulnerabilidad económica o social del inquilino, también puede afectar la duración del proceso. En algunos casos, los tribunales pueden conceder plazos adicionales para que el inquilino tenga la oportunidad de regularizar su situación, especialmente si se encuentra en una situación de riesgo de exclusión social. Esto puede incluir un plazo adicional de 2 a 4 meses en algunos casos.

  • La carga de trabajo del juzgado: puede generar retrasos en la tramitación.
  • La rapidez de la respuesta del inquilino: si paga o abandona el inmueble rápidamente, el proceso se reduce.
  • La existencia de alegaciones o recursos: la oposición del inquilino al desahucio puede retrasar el proceso.
  • La situación de vulnerabilidad social o económica del inquilino: puede generar plazos adicionales.

En resumen, la duración de un desahucio por impago no solo depende de los plazos establecidos por la ley, sino que está influenciada por una serie de factores que pueden modificar el curso del proceso. Conocer estos factores puede ayudar tanto a propietarios como a inquilinos a entender mejor las dinámicas de un procedimiento legal y gestionar sus expectativas de manera más efectiva.

Cómo acelerar el proceso

El proceso de desahucio por impago de alquiler puede ser lento y estresante, tanto para el arrendador como para el inquilino. Sin embargo, existen varias estrategias legales y prácticas que pueden ayudar a acelerar este procedimiento y garantizar que se cumplan los plazos establecidos. A continuación, exploramos algunas de las mejores prácticas que pueden reducir la duración del proceso de desahucio.

Uno de los primeros pasos para acelerar un desahucio es asegurarse de que toda la documentación esté correctamente presentada desde el principio. Esto incluye la presentación de la demanda con toda la información necesaria, como el contrato de arrendamiento, los recibos de pago, los justificantes de la deuda y cualquier comunicación previa al inquilino. Cuanto más clara y completa sea la documentación, más rápido podrá el juez procesar la solicitud.

Además, utilizar el requerimiento previo de pago, como un burofax, puede ayudar a acelerar la fase inicial del proceso. Aunque no siempre es obligatorio, enviar un requerimiento formal al inquilino antes de iniciar el desahucio demuestra que el arrendador ha intentado resolver el conflicto de manera amistosa y puede acelerar la tramitación judicial, ya que el juez podrá ver que se ha intentado una solución fuera de los tribunales.

Otra estrategia clave es asegurarse de que el inquilino no pueda presentar alegaciones que retrasen el proceso. En muchos casos, si el inquilino no responde a la demanda ni se presenta a la audiencia, el desahucio puede proceder rápidamente. Sin embargo, si se presenta alegaciones o recurre la sentencia, el proceso puede alargarse considerablemente. Para evitar esto, es recomendable que el arrendador tenga un abogado que esté preparado para responder rápidamente a cualquier apelación o alegación.

Por último, la elección de un juicio verbal puede ser más rápida que un juicio ordinario. Si el desahucio por impago es claro y no existe una gran controversia, el juicio verbal, que no requiere la presencia de las partes en todos los casos, puede ser una vía más ágil. En caso de que el inquilino no se presente, el juez puede dictar sentencia en pocos días.

  • Asegurarse de que toda la documentación esté completa y correctamente presentada.
  • Utilizar un burofax como requerimiento previo de pago al inquilino.
  • Evitar alegaciones del inquilino que retrasen el proceso.
  • Optar por un juicio verbal cuando sea posible para acelerar la tramitación.

En resumen, aunque no siempre se puede controlar la duración total de un desahucio por impago, aplicar estas estrategias puede reducir significativamente el tiempo que tarda el proceso en completarse. Un buen manejo del proceso, la correcta presentación de los documentos y una comunicación clara con el inquilino pueden marcar la diferencia entre un desahucio rápido y uno prolongado.

Consecuencias legales para el inquilino

Cuando un inquilino no cumple con su obligación de pagar el alquiler y se inicia un proceso de desahucio, las consecuencias legales pueden ser significativas. Estas repercusiones no solo afectan a la situación inmediata del inquilino, sino que también pueden tener un impacto en su historial crediticio y en su capacidad para alquilar en el futuro. A continuación, se detallan las principales consecuencias que un inquilino puede enfrentar durante y después de un proceso de desahucio por impago de alquiler.

La consecuencia más inmediata es el desalojo del inmueble. Una vez que el juez dicta la sentencia de desahucio, el inquilino debe abandonar la propiedad en el plazo establecido. En caso de no hacerlo voluntariamente, el propietario puede solicitar la intervención de las autoridades para ejecutar el desalojo, lo que puede implicar la presencia de la policía. Esto puede resultar en una situación muy incómoda y embarazosa para el inquilino, además de generar gastos adicionales en caso de que el desahucio se realice por la fuerza.

Otra consecuencia importante para el inquilino es la deuda acumulada. Si el desahucio se acompaña de la reclamación de rentas impagas, el inquilino podría verse obligado a pagar no solo los alquileres atrasados, sino también otros gastos adicionales como intereses, costes judiciales y, en algunos casos, los honorarios de abogados y procuradores del arrendador. Esta deuda puede seguir afectando al inquilino incluso después de que haya sido desalojado.

Además, un desahucio por impago puede tener un impacto negativo en el historial crediticio del inquilino. En muchos casos, las entidades bancarias y las agencias de información crediticia pueden registrar el desahucio como una incidencia negativa, lo que dificultará que el inquilino obtenga créditos o alquile otras propiedades en el futuro. Esto puede afectar gravemente la capacidad del inquilino para acceder a productos financieros o alquileres en los próximos años.

En algunos casos, el inquilino podría ser demandado por el arrendador por daños adicionales, como el deterioro del inmueble, si se determina que el inquilino ha causado algún perjuicio a la propiedad. Esto puede generar costes adicionales y prolongar el proceso legal.

  • Desalojo del inmueble con o sin la intervención de las autoridades.
  • Deuda acumulada por alquileres impagos, intereses y costes judiciales.
  • Afectación negativa en el historial crediticio del inquilino.
  • Posibles demandas por daños y perjuicios a la propiedad.

En resumen, las consecuencias legales para el inquilino de un desahucio por impago de alquiler son serias y pueden tener repercusiones tanto inmediatas como a largo plazo. Es fundamental que los inquilinos comprendan las implicaciones legales de no cumplir con sus obligaciones contractuales y busquen soluciones antes de que la situación llegue al extremo de un desahucio.

Costes del desahucio para el propietario

Aunque el desahucio por impago de alquiler está destinado a proteger los derechos del propietario, este proceso puede generar ciertos costes para el arrendador. Desde el inicio de la demanda hasta la ejecución del desahucio, los propietarios deben estar preparados para afrontar varios gastos que pueden ser tanto directos como indirectos. A continuación, se detallan los principales costes que un propietario puede enfrentar durante un desahucio.

Uno de los costes más evidentes es el relacionado con los honorarios legales. Si el propietario decide contratar a un abogado para que lleve a cabo el proceso de desahucio, tendrá que abonar sus honorarios. Estos honorarios varían dependiendo de la complejidad del caso, el tiempo que se tarde en resolverlo y la tarifa acordada con el profesional. Además de los honorarios del abogado, también pueden existir costes asociados al procurador, quien es responsable de presentar los documentos ante el juzgado.

Además de los honorarios legales, el propietario deberá asumir los gastos judiciales, que incluyen el coste de la presentación de la demanda, las tasas judiciales y, en algunos casos, el coste de la ejecución de la sentencia si el inquilino no desaloja el inmueble voluntariamente. Estos costes varían según la jurisdicción y el tipo de juicio, y pueden incrementarse si el proceso se alarga debido a alegaciones o recursos interpuestos por el inquilino.

Otro gasto que puede surgir es el relacionado con la reparación de los daños ocasionados en el inmueble por el inquilino. Si el inquilino ha causado daños al inmueble durante su estancia, el propietario puede tener que incurrir en gastos adicionales para reparar el daño antes de poder volver a alquilarlo. Estos costes pueden ser difíciles de estimar, ya que dependen de la naturaleza de los daños.

  • Honorarios del abogado y procurador para llevar a cabo el proceso.
  • Gastos judiciales, como tasas y costes de presentación de la demanda.
  • Costes asociados a la ejecución de la sentencia si el inquilino no desaloja voluntariamente.
  • Reparación de daños al inmueble causados por el inquilino.

En algunos casos, el propietario puede intentar recuperar parte de estos costes mediante la reclamación de los pagos atrasados o incluso de los daños causados al inmueble, aunque esto dependerá de la resolución judicial. Si el proceso se extiende más de lo esperado, los costes pueden aumentar considerablemente, lo que puede ser una carga financiera para el propietario.

En resumen, aunque el propietario tiene derecho a recuperar su inmueble mediante el proceso de desahucio, debe estar preparado para afrontar una serie de costes que pueden acumularse a lo largo del proceso. Es recomendable que los propietarios se asesoren adecuadamente para gestionar estos gastos y minimizar el impacto financiero.

Preguntas frecuentes

A continuación, respondemos a algunas de las preguntas más comunes relacionadas con el desahucio por impago de alquiler. Esta sección está diseñada para ofrecer claridad sobre los aspectos legales y prácticos del proceso de desahucio, ayudando tanto a arrendadores como a inquilinos a entender mejor cómo funciona el procedimiento.

¿Cuánto tiempo tarda un desahucio por impago de alquiler?

El tiempo que tarda un desahucio por impago de alquiler varía, pero generalmente oscila entre dos y seis meses. Este plazo puede depender de varios factores, como la rapidez del juzgado, la respuesta del inquilino y si existen alegaciones o recursos que ralenticen el proceso.

¿Qué sucede si el inquilino paga la deuda después de la demanda de desahucio?

Si el inquilino paga la deuda antes de la sentencia, el desahucio puede ser cancelado, ya que se considera que ha cumplido con su obligación. Sin embargo, si el desahucio ya ha avanzado mucho, el propietario aún podría solicitar que se le cubran los costes asociados al proceso judicial.

¿Puede el inquilino retrasar el desahucio?

Sí, el inquilino puede retrasar el desahucio al presentar alegaciones o apelaciones al juicio, lo que podría prolongar el proceso. En algunos casos, si el inquilino alega vulnerabilidad social, también podría obtener un aplazamiento. Sin embargo, esto dependerá de la valoración del juez y de la legislación vigente.

¿Quién asume los costes de un desahucio?

Los costes judiciales, los honorarios de abogados y procuradores, y otros gastos relacionados con el desahucio suelen ser asumidos por el propietario. No obstante, en algunos casos, el propietario puede intentar recuperar esos costes del inquilino si el juez así lo dispone.

Estas preguntas reflejan algunos de los aspectos más comunes que surgen en el proceso de desahucio por impago de alquiler. Si eres propietario o inquilino, es recomendable contar con asesoría legal para asegurarte de que se cumplan tus derechos y obligaciones de acuerdo con la ley.

Conclusión

El proceso de desahucio por impago de alquiler es una herramienta legal importante tanto para los propietarios como para los inquilinos. A lo largo de este artículo, hemos abordado los aspectos clave del procedimiento, incluyendo los plazos, las fases, los factores que afectan su duración, y las consecuencias para ambas partes. Entender cómo funciona el proceso y cuáles son las implicaciones legales es esencial para tomar decisiones informadas y evitar sorpresas durante este proceso tan complejo.

Para los propietarios, el desahucio representa una forma de proteger su propiedad frente al impago de alquiler, pero también puede implicar una serie de costes y complicaciones. Por otro lado, los inquilinos deben ser conscientes de las graves consecuencias legales y financieras que implica no cumplir con sus obligaciones contractuales. En general, la rapidez del proceso dependerá de diversos factores, como la respuesta del inquilino, la carga de trabajo de los tribunales y los recursos legales que se presenten durante el juicio.

La mejor forma de evitar problemas es prevenirlos: tanto los propietarios como los inquilinos deben cumplir con sus obligaciones para evitar llegar a una situación de desahucio. Si alguna de las partes se encuentra en una situación complicada, es recomendable buscar asesoría legal para explorar todas las opciones posibles y llegar a un acuerdo fuera del ámbito judicial, siempre que sea posible.

En conclusión, aunque el desahucio por impago de alquiler puede ser un proceso largo y costoso, es un derecho legal de los propietarios que deben conocer y utilizar de manera responsable. Con el asesoramiento adecuado y la preparación necesaria, este proceso puede llevarse a cabo de manera más eficiente, minimizando los costes y las complicaciones para todas las partes involucradas.

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